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<strong>Gobierno pidió a la Corte Constitucional<br />
restablecer la armonía entre los intereses de la nación<br />
y la autonomía de los territorios</strong>
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El gobierno solicitó a la Corte Constitucional restablecer la colaboración armónica entre las autoridades nacionales y locales en el desarrollo de las actividades minero–energéticas. Debe existir un balance entre los principios constitucionales que establecen que Colombia es un Estado unitario y el principio de autonomía territorial.
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Las consultas populares realizadas han generado un detrimento patrimonial de 230 mil millones de pesos. Este dinero se habría destinado para salud, educación y vivienda para todos los colombianos.  No hay estado social de derecho en Colombia sin los recursos generados por el sector minero energético.
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<strong>Bogotá, 12 de abril de 2018. –</strong> El Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, participaron en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar la constitucionalidad de las consultas populares en el país, a raíz de la tutela interpuesta por la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltda. contra el Tribunal Administrativo del Meta.
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Durante la audiencia el gobierno reafirmó su interés en lograr la armonía necesaria entre los intereses nacionales y la autonomía de los territorios. Todos los colombianos tienen derechos sobre la riqueza mineral y energética del subsuelo. Estos derechos no pueden ser desconocidos de manera unilateral por quienes habitan en una determinada fracción del territorio. Así mismo, el gobierno nacional debe respetar la autonomía territorial y las competencias de los municipios. Se requiere de un balance para optimizar los beneficios para todos los colombianos de la explotación de los recursos minero-energéticos, respetando el medio ambiente y garantizando la participación de las comunidades.   
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Es necesario que la Corte restablezca los mecanismos para lograr dicha armonía. Se debe desarrollar un proceso de concurrencia y concertación entre el gobierno nacional, autoridades, compañías y comunidades que retome los elementos contenidos en la sentencia C-123 de 2014 de la misma Corte.
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La presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib Daza, aseguró que “el camino es la participación efectiva e informada, pero nunca la prohibición de una actividad constitucionalmente reconocida y legalmente promovida”, durante su intervención en la Audiencia Pública de Consultas Populares Locales sobre Proyectos Mineros y Energéticos, que convocó la Corte Constitucional.
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“Como autoridad minera, buscamos generar procesos de concertación y participación efectivos, oportunos y permanentes, con el fin de Informar a las autoridades, a la ciudadanía y grupos de interés, el potencial de recursos naturales de su territorio, cómo se implementa la actividad minera, sus etapas y procesos, la compatibilidad de esta con otras actividades económicas y sus manejos e impactos”, aseguró la Alta Funcionaria.
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Así mismo mencionó que la Agencia Nacional de Minería diseñó e implementó un Programa de Relacionamiento con el Territorio que tiene como objetivo principal lograr una participación efectiva, oportuna y permanente de los actores estratégicos involucrados en el desarrollo de proyectos mineros, bajo los principios constitucionales y sobre las áreas susceptibles de minería. Producto de lo anterior, hay 155 municipios en 26 departamentos, que han hecho este ejercicio de concurrencia con la autoridad minera y ambiental.
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Por razones constitucionales y de conveniencia, el Gobierno considera que las consultas populares no son el mecanismo idóneo para decidir sobre la realización de actividades minero-energéticas en un determinado territorio. La utilización de instrumentos electorales conduce a la adopción de decisiones apresuradas y politizadas. El caso de la consulta popular en Cajamarca demuestra que estas consultas pueden generar una severa crisis económica y social en el territorio.
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Finalmente, las entidades intervinientes resaltaron que la explotación de recursos minero-energéticos se debe dar cumpliendo con todas las leyes, estándares y normas ambientales.
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